El Derecho Penal es parte del orden normativo de un Estado y está estrechamente relacionado con áreas del Derecho Público, como el Constitucional, Administrativo, Laboral e Internacional, así como con el Mercantil, Fiscal y Civil. Se centra en el interés del Estado para resolver conflictos sociales mediante la intervención de sus órganos administrativos y la ejecución de sanciones.
La Constitución de 1917 es la ley suprema en México y organiza el Estado. Ha sido modificada varias veces, destacando reformas en 1993, 1994, 2000 y 2008, siendo la última la que cambió el sistema penal. Se espera que para 2016 el sistema oral acusatorio esté completo, modernizando el ordenamiento penal para garantizar una justicia rápida y eficiente según el artículo 17 de la Constitución.
La globalización ha transformado las relaciones humanas, generando la necesidad de normativas que aborden el Derecho Internacional, tanto público como privado. Nuevas figuras jurídicas, como la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de personas, requieren justicia que trascienda las fronteras de los Estados-nación.
La relación con el Derecho Civil abarca la regulación del derecho de familia, sucesiones, obligaciones y contratos. Aunque se aplica solo a particulares, el Estado interviene penalmente cuando el incumplimiento de obligaciones afecta el orden público, como en casos de obligaciones económicas familiares o abandono de personas.
El Derecho Comparado proporciona una visión integral del Derecho, facilitando el intercambio de instituciones jurídicas y su influencia mutua. Su utilidad en el ámbito penal se evidencia en el enriquecimiento que diversas teorías han aportado, especialmente al Derecho mexicano y su legislación penal.
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